Ley de la Eutanasia en España

eutanasia abogadosEL 24 de marzo de 2021 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2021 que presenta la regulación de la eutanasia -también conocida como ayuda para morir o suicidio asistido-

Dicha norma es una novedad para el país al ser España el séptimo país del mundo que regula dicha posibilidad, junto a Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, así como algunos estados de Australia.

Dicha norma legaliza la eutanasia por consecuencia directa de una tercera persona, conocida como prestación de ayuda para morir y la reconoce como un nuevo derecho individual. Para ejercer este derecho se deberán cumplir una serie de requisitos los cuales analizaremos a continuación, y debe cohonestar también con otros derechos y bienes protegidos constitucionalmente.

OBJETO DE LA LEY DE LA EUTANASIA

El objeto de esta ley, como antes se ha descrito brevemente, es regular el derecho que corresponde a toda persona a recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha seguirse, así como las garantías que han de observarse.

LA EUTANASIA – UN DERECHO INDIVIDUAL

Un derecho que puede ser ejercido por cualquier persona. Esta muerte debe ser directa e intencionada, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo.

Este derecho se lleva a cabo por el contexto de la persona que lo requiere, que debe ser un contexto de sufrimiento -debido a alguna enfermedad o padecimiento incurable- que la persona experimenta y el cual no ha podido ser mitigado por otros medios.

Este derecho, como anteriormente se ha mencionado, debe coexistir junto con otros derechos constitucionales como la dignidad humana, la libertad ideológica o el derecho a la intimidad. Dicha persona debe estar plenamente capaz de sus facultades para poder determinar que la situación en la que se encuentra vulnera su dignidad y el bien de la vida decae en favor a los demás bienes y derechos.

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO

En el capítulo II aparecen los requisitos para poder solicitar esta prestación y sus condiciones.

El sujeto debe ser mayor de edad, con plena capacidad de obrar y decisión. También debe hacerlo siempre de forma autónoma, consciente e informada y encontrarse en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerable.

Para poder ejercer el derecho debe haberse formulada dos solicitudes previamente (con quince días de margen entre ellas), de manera voluntaria y por escrito -para dejar constancia- y no actuar bajo presión o influencia externa.

En casos en que la persona que sufre la enfermedad no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni plena capacidad de obrar, la solicitud para optar a la prestación de ayuda para morir -eutanasia- podrá ser presentada por otra persona, también mayor de edad y con plena capacidad de obrar y acompañada del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o un documento equivalente legalmente tasado y reconocido previamente por el sujeto que recibirá la acción.

Si no hubiere ninguna persona que pudiera presentar dicha solicitud en nombre del paciente, el mismo médico podrá hacerlo en su nombre.

También cabe destacar que esta solicitud puede ser denegada por parte del médico responsable. Dicha denegación deberá ser por escrito y deberá estar motivada por el médico que la lleve a cabo.

Dicha reclamación tampoco es firme, pues cabe reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación en un plazo de quince días si se considera que la denegación no es correcta.

SU CONSIDERACIÓN COMO MUERTE NATURAL Y LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Los que soliciten ayuda para morir al amparo de la ley se considerará que fallecen por muerte natural. Así establece la disposición adicional primera su consideración a efectos legales.

Esta novedad también supone una modificación en el Código Penal, pues con anterioridad a esta reforma este era un supuesto tipificado en la norma y que era penalizada de esta forma:

«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

La aparición de esta nueva ley supuso la modificación de dicho artículo añadiéndole al mismo el apartado 5:

“5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.»”

Así pues, supuso la despenalización de dicha conducta eutanásica, adaptando así el Código Penal.

INCLUSIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y REFERENTE AL PERSONAL SANITARIO

En el capítulo IV de la misma ley se establece su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud garantizando así su financiación pública y su prestación en centros privados o en el domicilio, así dando acceso a toda persona que requiera de esta salida.

Dentro de la ley también se reconoce la objeción de conciencia del personal sanitario, la cual deberá realizarse anticipadamente y por escrito, quedando la misma dentro de un registro adaptado a la más estricta confidencialidad y adecuado a la normativa de protección de datos.

CONCLUSIÓN SOBRE LA NUEVA LEY

Con esta normativa España se sitúa como pionera en la regulación de las situaciones de extrema necesidad donde la eutanasia no es más que la intervención para poner fin a la vida y evitar el sufrimiento innecesario por parte del paciente.

El país deja así atrás la tradición católica que regía en estos casos para dar paso a una normativa que casa más con el ideal progresista, sin embargo, no sin suscitar controversia y discusión sobre la figura de la legalización de la “muerte digna”.

Aún así y a diferencia de otros países europeos, la propuesta fue votada con 202 votos a favor y 141 en contra convirtiéndose de esta forma en el cuarto país en Europa en regularizar esta situación y en el primero de tradición católica.